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Durante la reciente Cumbre del Clima COP26, la administración Biden anunció su iniciativa de infraestructuras con alcance global para contrarrestar la influencia china, particularmente en Latinoamérica. Lejos de atacar las causas de la pobreza y el éxodo migratorio, el plan sustituye un amo por otro: consolida la dependencia de la región a una agenda “verde” que esconde fines últimos socialistas.

Build Back Better World (B3W), el cual será lanzado oficialmente en enero del 2022, incluye la participación del G7 y está diseñado para hacer frente al megaproyecto chino Belt and Road (BRI) que se extiende rápidamente por el mundo y que podría cambiar el orden mundial vigente.

En la última década, la influencia china ha estado ganando terreno con fuerza en Latinoamérica, desplazando a EE. UU. a un segundo plano de donde históricamente ha sido su zona de influencia. Es así como Perú, Chile y Brasil se han convertido en el principal socio comercial del gigante asiático y se estima que Argentina lo sea en poco tiempo. El intercambio comercial entre China y América Latina  alcanzó los US$203 mil millones en el primer trimestre del 2021, casi un 50% más que en el mismo periodo del 2020, según la Administración General de Aduanas de China.

El dilema de la agenda climática

EE. UU. promociona la iniciativa como “verde y colaborativa” y acorde a estándares para cumplir con el objetivo de cero emisiones para 2050. No olvidemos que el G20 ha acordado en Roma limitar el calentamiento global a 1,5 ° C, sin detallar cómo alcanzarlo y suponiendo que el clima esté dispuesto a cooperar con los arrogantes parámetros políticos.

Entre las condiciones para facilitar financiamiento a países en desarrollo está limitar sus emisiones de CO2. No obstante, esta imposición obstaculiza el desarrollo a corto y mediano plazo de los países con los que buscan cooperar y los condena a una eterna dependencia. De hecho, los países ahora considerados como desarrollados no limitaron sus emisiones para crecer.

Por lo tanto, exigir ahora que unos no hagan lo que ellos hicieron en el pasado para potenciar su economía es injusto y demuestra lo miope que puede llegar a ser la planificación central.

Lo que esconde el discurso de promoción de la democracia

El viceconsejero de Seguridad Nacional, Daleep Singh, ya ha dado los primeros pasos en Colombia, Ecuador y Panamá para promocionar el proyecto con actores locales del sector privado, público y la sociedad civil.

Lo que no deja de ser curioso es que el proyecto viene prediseñado de origen en torno al clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género—poco y nada sobre economía y el Estado de derecho, condiciones básicas para el progreso. En realidad, los anteriores temas sirven como excusa para imponer indirectamente una agenda socialista a través de oenegés.

En su visita a Ecuador, el secretario de Estado Antony Blinken exclamó en la Universidad San Francisco de Quito: “Imaginemos un país en el que un líder es elegido en unas elecciones libres y justas, y luego se dedica a ir minando lenta pero inexorablemente los pilares de la democracia: atacando a la prensa libre, socavando la independencia de los tribunales, amenazando a los opositores políticos… Esa es la historia de más de una democracia en nuestro hemisferio, y es una de las formas en que las democracias pueden desintegrarse. Hace una década eso ocurrió en Ecuador”.

El discurso se contradice con los hechos. En múltiples ocasiones ha sido justamente EE. UU. el que ha apoyado y financiado a los enemigos de la libertad y la democracia en la región.

El caso actual de Guatemala es un claro ejemplo. Impunity Observer ha documentado por años el intento del Departamento de Estado de minar el imperio de la ley, tumbar a la actual autoridad del Ministerio Público y ubicar piezas claves que sean funcionales a los intereses del Partido Demócrata, todo esto mientras se brinda apoyo logístico y financiero a sus contrapartes socialistas.

Sin metas claras no hay rendición de cuentas 

La iniciativa B3W no deja de ser un proyecto interesante para contrarrestar la creciente influencia de China. Sin embargo, dada su amplitud y el enfoque medioambiental al cual estará atado, su practicidad entra en tela de juicio.

Estados Unidos no tiene claro cuánto le va a costar exactamente a los contribuyentes este proyecto faraónico ni el aporte de sus socios del G7. Los plazos tampoco han sido detallados y no está claro cómo será una alternativa viable para contrarrestar al BRI, lanzado en 2013, que le lleva años de ventaja.

En cuanto a China, un alto funcionario de la administración Biden dijo a Reuters: “Muy pocos de los proyectos tienen sentido desde el punto de vista económico y a menudo tienen normas laborales y medioambientales muy deficientes”. De forma similar, el exvicepresidente de EE. UU. Mike Pence sostenía que China promociona su diplomacia con el caballo de Troya de la “trampa de la deuda” dadas las opacas condiciones en las cuales bancos chinos han otorgado créditos multimillonarios a Gobiernos de escasa reputación democrática, como Venezuela o algunos países africanos.

Para evitar que el proyecto termine como un enredo ideológico que consuma los recursos de los contribuyentes de los países del G7, es pertinente incluir iniciativas que lo hagan viable. Un ejemplo es lo propuesto en 2020 por la administración Trump sobre incentivos financieros para que empresas estadounidenses ubicadas en Asia puedan trasladarse a Latinoamérica y con ello puedan dinamizar sus economías, expandir sus mercados y afianzar de nuevo los lazos con su socio natural.

La administración Biden tiene en sus manos una grandiosa oportunidad para recuperar la confianza en EE. UU. en el continente americano, pero para ello es imperante que enfoque sus esfuerzos en entender los problemas sustanciales de la región: el débil Estado de derecho, la carencia institucional y la escasa apertura comercial de los países abajo del Río Grande. De lo contrario, todo el esfuerzo podría terminar siendo una carta a los Reyes Magos.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

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