SHARE

Pese a gozar de relativa libertad económica y una ubicación geopolítica estratégica, Guatemala ha tenido dificultad en impulsar su economía y satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Su talón de Aquiles ha sido su débil sistema de justicia y un incipiente imperio de la ley.

En lugar de fortalecer a las cortes guatemaltecas, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y sus aliados extranjeros, incluyendo las Naciones Unidas y Suecia, han tratado de anularlas. Ellos han interferido en la investigación penal y en la asignación de cargos gubernamentales claves, socavando la credibilidad de las instituciones del país.

El 20 de septiembre de 2021, el DOS impuso sanciones a dos funcionarios guatemaltecos: la fiscal general Consuelo Porras y Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público. Ellos ya no pueden ingresar a Estados Unidos y ahora forman parte de la lista Engel para individuos que el DOS cataloga como “significativamente corruptos”.

En una entrevista exclusiva con Impunity Observer, la fiscal general María Consuelo Porras argumentó que el DOS y sus aliados están involucrados en una campaña para desacreditar a la institución que representa: “Ellos están obstruyendo la justicia en Guatemala,” presumiblemente para tomar el control junto con un un selecto grupo de aliados progresistas.

El hombre detrás de las sanciones

Las sanciones son la respuesta del DOS a la decisión de Porras de destituir a Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). El DOS también suspendió la ayuda anticorrupción a Guatemala y emitió un comunicado condenando el despido de Sandoval.

Organizaciones campesinas como el CUC y CODECA han rechazado públicamente la remoción de Sandoval y organizaron bloqueos de carreteras para exigir su restitución. Ellos argumentan que Sandoval ha detenido la corrupción, pero el Ministerio Público dice que él ha violado el debido proceso y ha emitido resoluciones con juicio sesgado.

Sandoval, un fugitivo que huyó del país inmediatamente después de su destitución, se convirtió en el jefe de la FECI en 2015, durante el periodo en el Thelma Aldana fue fiscal general. Como Sandoval, ella también permanece exiliada en Estados Unidos evadiendo una orden de arresto.

Entre sus supuestas transgresiones como fiscal, Sandoval usurpó el rol del procurador general de la nación en el caso de sobornos de Odebrecht. Asimismo, él apoyó el esfuerzo transnacional para encarcelar a la familia Bitkov, víctima de persecución política rusa en Guatemala.

Cuando Porras despidió a Sandoval el 23 de julio de 2021, los altos funcionarios del DOS y la USAID hicieron público su rechazo.

El DOS ignoró la petición de aclarar la remoción de Sandoval

“Somos un país que goza de soberanía e independencia”, dijo Porras a Impunity Observer. “Fundamentalmente, el Ministerio Público es una institución autónoma e independiente regida bajo la Constitución y las leyes de Guatemala, y no necesitamos atender lo que un país quiera”.

Ella hizo énfasis en que es el DOS, no todo el gobierno de Estados Unidos, el que busca deslegitimar sus acciones. Otras agencias de EE.UU. incluso le han conferido reconocimientos por sus logros durante su gestión.

En febrero de 2020, Joseph D. Brown, fiscal para el distrito este de Texas, le entregó a Porras un reconocimiento por su “compromiso con la justicia y la cooperación en investigaciones penales conjuntas”. El mismo mes, el Departamento de Justicia elogió su colaboración por la captura y extradición de sospechosos en crimen transnacional y por combatir el tráfico de personas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) también reconoció su apoyo en junio de 2021. Miguel Madrigal, subdirector regional para Centroamérica, dio a Porras un certificado de apreciación por su “dedicación y esfuerzo en asistir la lucha contra el narcotráfico en Guatemala y apoyar en grandes investigaciones de la DEA”.

Con respecto a las sanciones y el recorte de ayuda de Estados Unidos, Porras explica que el DOS no se ha preocupado por indagar en los motivos que llevaron a la destitución de Sandoval. Dichas medidas extremas no sólo la afectan directamente sino que perjudican a la capacidad del país para llevar a cabo la acción penal.

Durante la entrevista, Porras dijo que ella ha enviado dos peticiones por vía diplomática para aclarar las razones de la remoción de Sandoval. El DOS las ha ignorado y se ha mantenido firme en su decisión unilateral.

“La justicia no es algo de una sola persona, es un asunto institucional”, dice Porras. Bajo su administración, ella argumenta, “el Ministerio Público ha seguido el debido proceso y ha fortalecido el imperio de la ley”.

Lo que los medios dominantes no evidenciaron

A diferencia de las representaciones de medios opositores, Porras dice que el Ministerio Público ha logrado hitos históricos. Mientras que antes las agencias fiscales estaban disponibles en pocas regiones del país solamente, ahora hay 373 unidades que alcanzan cobertura nacional. Además, durante su gestión, se han resuelto 1,5 millones de casos, algunos de los cuales estaban rezagados por años.

“Venimos a recibir un Ministerio Público”, Porras explica a Impunity Observer, “con más de 1.240.000 de casos en mora. Eso es impunidad”.

Su administración empezó por priorizar denuncias de violencia en contra de la niñez y la mujer. Su liderazgo también ha logrado aumentar el número de procesamiento de casos anual de la institución.

Para Porras, la razón por la que la eficiencia era tan baja en los anteriores diez años es porque “esos sectores [que ahora protestan en su contra] tenían el control del sistema de justicia”. Pese a que ellos buscan deslegitimar su trabajo mediante la desinformación ejercida por medios como Telesur, financiado por el régimen venezolano, Porras cree que su trabajo hablará por sí solo y eventualmente la reivindicará.

Además, con la nuevas fiscalías especializadas en extinción de dominio, delito de usurpación, migrantes y crimen transnacional, el Ministerio Público estará más preparado para garantizar los derechos de propiedad y las condiciones favorables al desarrollo económico.

Paz Gómez
Paz Gómez

LEAVE A REPLY