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Ahora que la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala y la Fiscal General están aplicando la ley correctamente, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) los acusa falsamente de corrupción y persecución. Esta estrategia encubre la propia corrupción y persecución del DOS.

El DOS perdió este año el control de la CC y del Ministerio Público con la partida de la magistrada Gloria Porras y el fiscal especial en contra la impunidad Juan Francisco Sandoval. Los dos tienen un extenso listado de acciones criminales a favor de la agenda del DOS.

Socios de la infiltración y el sometimiento

El conglomerado del DOS incluye a los sucesores de las guerrillas del conflicto armado interno (1960–1996) y los mercantilistas que se han sometido al DOS. Después de que el intento por derrocar al gobierno por la fuerza fracasó, las guerrillas firmaron acuerdos de paz y se transformaron en una red de oenegés con apoyo financiero del DOS y de gobiernos europeos. El DOS abusó del poder para poner a su gente en puestos claves del gobierno. Porras y Sandoval fueron parte de ellos.

El DOS ha liderado abiertamente la imposición de socialistas criminales en Guatemala. Los funcionarios estadounidenses están tratando de desprestigiar al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras. Porras recientemente presentó una lista de los crímenes de Sandoval y un juez acaba de emitir una orden de arresto para Sandoval por remover ilegalmente información confidencial, algo que él lo admitió públicamente.

Una solicitud de extradición podría poner al DOS en una posición complicada. El DOS ha apoyado a Sandoval en público, a pesar de las numerosas quejas en su contra.

Si Estados Unidos extradijera a Sandoval hacia Guatemala, su condena podría desacreditar al DOS y al resto de su conglomerado e interferir con el sueño socialista. Si el gobierno federal de EE.UU. se opone, tendrá que dar explicaciones sobre la violación a un tratado que utiliza la extradición para narcotraficantes.

Estableciendo la falsa narrativa

El DOS está preparando su estrategia. Esta incluye que el juez controlado por el DOS, Miguel Ángel Galvez, envíe a los generales retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas a un juicio por genocidicio presidido por otra juez corrupta del DOS, Yasmin Barrios.

La acusación es que estos dos hombres lideraron la matanza de la comunidad indígena Ixil. Los miembros del conglomerado y sus defensores complican la situación para confundir al público, pero no es complicado. El genocidio debe incluir el intento de eliminar a un grupo. Los Ixiles sirvireron durante el tiempo en cuestión a la armada de Guatemala y a las patrullas de autodefensa civil (PAC), equipadas con armas y entrenadas por los militares. Esto demuestra que no hubo intento de eliminar a los Ixiles y que, por definición, no hubo genocidio en su contra.

La historia sobre la alegación de genocidio deja en claro que la actual acusación es una jugada política.

Aquellos que alegan genocidio distorcionan la historia, puesto que afirman falsamente que la armada peleó en contra del pueblo guatemalteco. La armada peleó en contra de los insurgentes comunistas equipados y entrenados por Fidel Castro.

El conglomerado y sus fiscales y jueces ignoran los numerosos crímenes cometidos por las guerrillas en contra de las víctimas indígenas. Estos crímenes fueron un motivo para la creación de las PAC, que tenían cerca de un millón de integrantes. Las guerrillas eran el enemigo de los indígenas guatemaltecos, y las PAC forzaron a las guerrillas a deponer sus armas y cambiar la estrategia para socavar al gobierno desde adentro.

Armificando el procesamiento político

La exfiscal general Claudia Paz y Paz, puesta en el cargo por la intervención criminal del entonces embajador estadounidense Stephen McFarland (2008–2011), inició el proceso judicial por genocidio en 2011 en contra del exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Los procesamientos estaban plagados de contradicciones, así como de acciones y fallos ilegales. La CC ordenó a la juez Barrios que el caso regrese a la etapa anterior.

En rebeldía, Barrios mantuvo un juicio. El tribunal que ella lideraba condenó a Ríos Montt y la CC lo revocó días después.

El caso no se hubiera podido llevar a cabo sin el esfuerzo liderado por el DOS. El embajador de EE.UU. entre 2011 y 2014, Arnold Chacón, asistió a una sesión crucial del juicio. El exsecretario de Estado John Kerry elogió a Barrios por su rol en el juicio, pese a la existencia de correspondencia desclasificada del Departamento de Estado señalando que no había ocurrido genocidio. Ninguno de los informes anuales de derechos humanos de la ONU entre 1983 y 1997 ni el ombudsman de la ONU mencionan genocidio.

Sin embargo, refiriéndose al juicio, la Embajada de EE.UU. emitió un comunicado: “Exhortamos a todos los guatemaltecos a respetar la legitimidad e integridad del proceso”.

Otros fiscales luego trataron de revivir el caso, pero el examinador forense del Estado declaró a Ríos Montt medicamente incapaz de defenderse a sí mismo. Los fiscales trataron de seguir con el juicio con la sustitución del demandado, un absurdo legal que el sistema judicial rechazó.

Dado que no podían perseguir más a Ríos Montt, el conglomerado del DOS necesitaba nuevos demandados, sin importar los hechos o la ley. El DOS pudo haber obtenido una condena ilegal en contra de Lucas y Callejas mientras controlaba la CC entre 2016 y 2021. No lo hizo, porque probablemente el DOS no esperaba perder el control de la CC y el Ministerio Público, y no quería llamar la atención hacia Guatemala con algo que podría exponer su traición, especialmente durante el gobierno de Trump.

Con la agenda socialista ahora en peligro de exposición y colapso, el DOS está entre la espada y la pared. Al haber emitido una resolución de que el genocidio ocurrió, Barrios está obligada a excusarse. A menos de que ella sepa que el caso va a las manos de otro juez corrupto del DOS, como Pablo Xitumul, Barrios no se excusará. Ella sabe que cualquier juez imparcial rápidamente desestimará el caso por varios motivos.

Si Consuelo Porras actúa para detener el proceso judicial o la CC desautoriza a Barrios, el DOS y los medios asociados al régimen de Biden atacarán agresivamente a Consuelo Porras y a la CC como corruptas y represivas. Los hechos y la ley son irrelevantes, solamente la política y el poder importan para el conglomerado del DOS.

El DOS proyectará a la actual CC y a Consuelo Porras exactamente como la CC de Gloria Porras y Sandoval lo hizo. La CC y Consuelo Porras deben adherirse a la ley escrupulosamente y Guatemala debe documentar los crímenes de Gloria Porras y Sandoval. Guatemala debe estar preparada para refutar las acusaciones del DOS.

Steven Hecht

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