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Después de un mes de la segunda vuelta, la Junta Nacional Electoral (JNE) todavía no anuncia al nuevo presidente de Perú. Los resultados favorecen al líder político marxista Pedro Castillo, pero su contendiente Keiko Fujimori no se quedará tranquila sin reclamar por lo que considera fue una elección robada.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado de EE.UU. están haciéndose de la vista gorda ante el descontento popular por los resultados —este último incluso calificó al proceso electoral como un “modelo de democracia en la región”. Las dos instituciones han desestimado las acusaciones de fraude y se arriesgan a legitimar el dominio socialista de un país clave en Sudamérica. Debido a que la ventaja de Castillo sobre Fujimori es menos del 1% de votos, alrededor de 44.000, apurarse a declarar ganador a un izquierdista radical revela una agenda política.

La empresa encuestadora Datum International encuestó a 1.200 personas de todo el país y encontró que 65% de votantes, tanto seguidores de Castillo como de Fujimori, consideran que hubo fraude. Además, la JNE debe revisar 370 apelaciones por papeletas con irregularidades.

Incluso si los resultados no tienen que ver con manipulación de los votos, Castillo y su equipo aseguraron su victoria mucho antes del día de la elección. Su ascenso fue impulsado por las típicas tácticas de los movimientos de izquierda de la región.

Convertir a las protestas en intimidación

El escándalo de sobornos de la gigante constructora brasileña Odebrecht en 2017 salpicó a toda la región, incluyendo a Perú. En 2018, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció luego de que la comisión de investigación descubriera que sus compañías recibieron al menos US$5 millones de Odebrecht en 2004 y 2007, periodo en el que PPK era ministro de economía.

Cuando el vicepresidente Martín Vizcarra reemplazó a PPK, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, controlado por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, empeoró.

Durante su mandato, Vizcarra logró imponer a sus aliados socialistas en las cortes e instancias electorales —tal como la Embajada de EE.UU. y la Cicig lo hicieron en Guatemala—. A finales de 2020, sin embargo, un grupo de fiscales reveló actos de corrupción que involucraron a Vizcarra, y el Congreso lo removió de forma permanente.

Lo que pasó después es típico de un guión marxista. El presidente del Congreso Manuel Merino asumió el poder, solamente para renunciar cinco días después cuando las violentas manifestaciones lideradas por grupos socialistas dejaron dos muertos. Una estrategia similar está en camino en Colombia para terminar con la administración de Iván Duque.

Al final, la coalición izquierdista retomó el poder en Perú: Francisco Sagasti del partido socialista Morado asumió la presidencia y Mirtha Vázquez del partido marxista Frente Amplio, la vicepresidencia. Ellos mantuvieron a los aliados de Vizcarra, incluyendo a miembros de la JNE, en sus cargos.

Introducirse en el JNE

Cinco magistrados constituyen la JNE, la más alta instancia electoral en Perú. Debido a un problema legal, el Colegio de Abogados no nombró un representante para la JNE antes de las elecciones, así que se llevaron a cabo con solo cuatro magistrados. En caso de empate, el presidente de la JNE, Jorge Salas, recibe voto dirimente.

El pasado de Salas es revelador. Como estudiante universitario, era un declarado activista de izquierda. Como abogado, representó a personajes vinculados a la temeraria guerrilla izquierdista peruana Sendero Luminoso. El gobierno de Alberto Fujimori, el padre de Keiko, fue responsable de vencer a estos insurgentes en los años noventa.

Los legisladores han acusado a Salas de favorecer indebidamente al expresidente Vizcarra para seguir con su candidatura al Congreso. Él no solo permitió a Vizcarra, quien no declaró todo su patrimonio como lo pide la ley, a proseguir con su campaña; sino que impidió a otros candidatos postularse para la Presidencia. Entre ellos están el reconocido periodista Francisco Diez Canseco y el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz.

Infiltrarse en las mesas electorales

De acuerdo con Daniel Córdova, exministro de producción y empresario, la táctica marxista fue tomar el control de mesas electorales en zonas rurales donde el partido de Fujimori tenía poco alcance. En esos lugares, los resultados de la segunda vuelta cambiaron radicalmente en comparación con los de la primera.

En segunda vuelta, Fujimori obtuvo menos votos en contra de Castillo que en la primera vuelta en contra de dieciséis candidatos. Además, los votos en blanco casi desaparecieron.

El experto de inteligencia peruano Arturo Arriarán mencionó al portal Libertad Digital que 8.400 actas electorales fueron manipuladas añadiendo votos con los nombres de niños y muertos. Él cree que los registros fueron alterados luego de que las mesas electorales cerraron o durante la digitalización. Alrededor de 400.000 votos están en juego, según Arriarán.

Silenciar la crítica

El 23 de junio, el magistrado de la JNE Luis Arce protestó públicamente la falta de transparencia y el evidente sesgo de la autoridad electoral. En una carta abierta, Arce declara que él y otros funcionarios de la JNE han sido testigos de la intervención externa durante las elecciones.

“Contra esa voluntad del pueblo”, menciona Arce, “existen ya decisiones adoptadas que impedirán el conocimiento de la verdad… Todo parece estar consumado desde mucho tiempo atrás”.

Puesto que Salas controla efectivamente a la JNE con su voto dirimente, Arce ha sido incapaz de conformar una oposición. Luego de su declaración, Arce advierte en su carta que será víctima de persecución política y judicial.

Promover propaganda internacional

Pese a que no existe un anuncio oficial, Castillo y sus aliados —las dictaduras venezolana y cubana— ya están celebrando. Los medios cercanos, como Telesur y France 24, también están difundiendo la narrativa de que Castillo venció a Fujimori limpia y justamente.

El 26 de junio, el Foro de Sao Paulo —la maquinaria latinoamericana de propaganda socialista concebida por el dictador Fidel Castro— organizó una conferencia para “defender la soberanía popular en Perú”. El Foro pidió el apoyo de los progresistas alrededor del mundo.

Están cerca de lograr su objetivo. Un contrapeso capaz de marcar el desempate sería una declaración pública por el gobierno estadounidense apoyando la revisión de las actas en disputa. Esto revertiría la inexplicable y peligrosa declaración del 22 de junio del Departamento de Estado de EE.UU. Los peruanos no se merecen nada menos.

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