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La politización del sistema de justicia estadounidense está aumentando en línea con el poder del movimiento progresista, socialista, marxista (el Movimiento). El régimen de Biden, el partido demócrata y los burócratas del gobierno del Movimiento se sienten justificados al aplicar la ley desigualmente. A menos que se los detenga, eventualmente ellos serán la ley.

Sus acciones en el extranjero, más recientemente en Guatemala, demuestran lo que ellos harán en casa cuando hayan consolidado suficiente poder.

La primera víctima de justicia politizada

Un abogado judío para la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), ampliamente condenado por defender Nazis en el emblemático caso Skokie de los setentas, dijo “La igualdad de derechos para todos es la columna vertebral de nuestra democracia… Descartar este compromiso abrirá la puerta a la erosión de nuestra Primera Enmienda como una baluarte contra el orden por los tiranos”.

Un memo de ACLU de 2018 cita como una razón para declinar un caso a “la magnitud en la que el discurso permita promover los objetivos de los supremacistas blancos u otras perspectivas que son contrarias a nuestros valores”. Al ser consultado sobre ello, el director de ACLU, Ira Glasser, respondió, “Para las personas que ahora afirman su pasión por la justicia social, establecer a la libertad de expresión como un enemigo es suicida”.

La representación legal es fundamental en nuestra sociedad. El partido demócrata y sus aliados, incluyendo abogados, condenaron a los bufetes que representaron al expresidente Donald Trump luego de las elecciones de 2020 como parte del esfuerzo para silenciar comentarios sobre el fraude electoral.

Fiscales de Nueva York acusaron a la Organización Trump y a su director financiero por evadir impuestos en beneficios que, para ellos, debieron haber sido declarados como ingresos. El profesor de Finanzas Michael Busler dice que lo que la organización y el director financiero hicieron “era exactamente lo que cada empleador hace por prácticamente cada empleado… Esto es perfectamente legal y permitido por el IRS”.

Demonizar a la oposición para justificar su persecución

El Movimiento catalogó al acontecimiento del 6 de enero en el Capitolio como una insurrección. Esta falsa narrativa no solo demoniza a opositores políticos, algo esencial de las revoluciones comunistas, sino que busca justificar la persecución gubernamental de los opositores políticos. El gobierno ha acusado a más de quinientas personas, muchas de las cuales permanecen en confinamiento solitario y condiciones restrictivas.

Tom Fitton, presidente de Judicial Watch, dice que “el Departamento de Justicia utiliza estos procesos legales para intimidar y cooptar a la oposición política a favor del gobierno de Biden y las narrativas de izquierda”.

La misma gente que impulsa la narrativa de la insurrección del 6 de enero dice que las protestas en varias ciudades entre mayo y agosto de 2020 fueron pacíficas. Las imágenes muestran lo contrario. En la mayoría de los casos, quienes fueron arrestados durante las protestas enfrentaron cargos menores o fueron liberados.

Guatemala cuenta el cuento

El 1 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. sancionó a veinte guatemaltecos bajo una nueva ley y los difamaron. El Departamento de Estado los acusó de “debilitar el proceso democrático” y participar “en corrupción y actos antidemocráticos”.

Puede haber personas culpables en la lista, pero ninguna ha sido condenado de un delito. Entre los sancionados están abogados y activistas que ejercen sus derechos en las cortes y los medios para oponerse a la política del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado cooptó al procesamiento penal en 2010. En 2016, también se tomó a la Corte de Constitucionalidad (CC), la última palabra en asuntos judiciales. De 2016 a 2021, la CC cerró negocios ilegalmente, usurpó poderes ejecutivos y legislativos, protegió grupos armados y persiguió a sus enemigos políticos.

El Departamento de Estado presionó a las instituciones de Guatemala para designar socialistas criminales como magistrados de la CC en el periodo de 2021-2026. Al ver la devastación del periodo anterior, los guatemaltecos se resistieron. Sin la CC para cubrir los crímenes que cometieron los jueces y fiscales puestos por la Embajada de EE.UU., el régimen de Biden tiene que liderar abiertamente la embestida socialista —por eso las sanciones del 1 de julio para intimidar a los jueces que no han seguido sus lineamientos y al sector privado—.

Una víctima obvia de la persecución política del Departamento de Estado es el abogado Moises Galindo, sancionado el 1 de julio. Las sanciones no cambian nada para Galindo. Él es incapaz de viajar a Estados Unidos porque ha estado en prisión por casi cuatro años.

Galindo está en prisión preventiva luego de haber sido acusado de un crimen inexistente. El fiscal no ha presentado evidencia en su contra. El poder judicial ha negado ilegalmente cinco mociones de exhibición personal y nueve solicitudes de amparo bajo una ley creada para prevenir el abuso del gobierno a individuos.

Galindo es un prisionero político. Su delito ha sido ser el abogado de la Fundación contra el Terrorismo. El Departamento de Estado lo considera a él y a sus clientes enemigos que no merecen derechos. El presidente de la fundación y otro abogado de esta también fueron sancionados.

El semejante estadounidense

La Fundación contra el Terrorismo es similar a Judicial Watch. Las dos acuden al litigio para exigir rendición de cuentas a políticos y servidores públicos que participen en actividades de corrupción, y ambas buscan que los jueces se mantengan responsables. Incluso algunos miembros del partido demócrata defenderían el derecho de Judicial Watch de hacer lo que hace. Ninguno de ellos defiende a la Fundación contra el Terrorismo.

A medida que el Movimiento se fortalezca y se acerque a su objetivo de transformar Estados Unidos, tratará a sus opositores políticos con completo desprecio y sin moderación como lo hacen sus aliados guatemaltecos apoyados por el Departamento de Estado. No habrá espacio para discrepancia. Como el senador republicano Marco Rubio dijo en la conferencia de la Coalición Fe y Libertad del 18 de junio, “Si nosotros no enfrentamos [al marxismo] ahora, lo llamamos por lo que es y lo vencemos, este destruirá nuestro país y todo lo que le hace especial”.

Steven Hecht

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