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El 1 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. difamó y sancionó a veinte guatemaltecos, algunos de los cuales están simplemente luchando por la libertad en su país. Tratando de intimidar a los guatemaltecos para aceptar una agenda criminal, el régimen de Biden ha demostrado su deshonestidad y perversidad. Con coraje y orgullo nacional, Ricardo Mendez-Ruiz, uno de los difamados, dice que ser sancionado por Estados Unidos es una insignia de honor.

El Departamento de Estado usó la Ley de Compromiso Renovado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte (División FF, Título III, Subtítulo F – página 1946) para revocar visas estadounidenses a veinte guatemaltecos. El Departamento de Estado tiene el derecho de hacerlo. Sin embargo, aquel derecho no contempla declarar de forma arbitraria culpables a personas por “debilitar el proceso democrático” y “corrupción significativa”, como “soborno y extorsión, … lavado de dinero y actos de violencia, hostigamiento o intimidación” de los investigadores.

La Ley de Compromiso es paternalista e imperialista. El principio detrás de ella es la ley del más fuerte, puesto que se impone a otros países al descartar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho internacional.

La clave para la prosperidad de cualquier nación es una justicia imparcial. La Ley de Compromiso obliga al Departamento de Estado a considerar “el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas de justicia nacional” como parte de su estrategia. El Departamento de Estado debe sancionarse a sí mismo, porque ha sido el actor más corrupto en contra del sistema judicial de Guatemala.

El Departamento de Estado cooptó el procesamiento penal en 2010. Utilizando a la criminal Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU como un ariete, la Embajada de EE.UU. se tomó la Corte Constitucional (CC) en 2016. De 2016 a 2021, la CC emitió muchas resoluciones ilegales. Cerró negocios, usurpó poderes ejecutivos y legislativos, protegió grupos armados y persiguió a enemigos políticos. Una víctima obvia de persecución política forjada por el Departamento de Estado es el abogado Moisés Galindo, quien fue sancionado el 1 de julio.

Las sanciones no cambian nada para Galindo. Él es incapaz de viajar a Estados Unidos porque ha estado en prisión por casi cuatro años.

La Cicig y, como facilitadora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (FECI) arrestaron a Galindo en 2017 y lo acusaron de un crimen inexistente. Los fiscales y jueces han violado la Constitución y las leyes guatemaltecas en muchas formas. Ellos han rechazado ilegalmente veintitrés mociones legales, incluyendo cinco mociones de exhibición personal y nueve solicitudes de amparo.

La Ley de Amparo de Guatemala existe para proteger a los individuos del abuso gubernamental. Casi cuatro años de prisión preventiva, sin presentar evidencia en su contra, deja en evidencia la ilegalidad y el abuso. Galindo es un preso político.

El Departamento de Estado dio a la juez del caso, Erika Aifán, el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2021. Calificándola como “independiente de influencia política”, ellos dijeron que “ella ha demostrado determinación y entereza en mantener el imperio de la ley”.

Aifán es también la juez de primera instancia en el caso Bitkov, en el cual la Cicig confabuló con Rusia y contó con el apoyo del partido demócrata estadounidense. La Oficina para la Prevención de Tortura en Guatemala determinó que Aifán ha violado los derechos humanos de Igor Bitkov.

Aifán y los otros jueces políticos y corruptos respaldados por la Embajada de EE.UU. fueron capaces de perseguir enemigos políticos porque la CC los cubría. Cuando el periodo de los magistrados puestos por la Embajada se estaba terminando en abril, el régimen de Biden trató de intimidar a las autoridades guatemaltecas para designar el mismo tipo de magistrados para el periodo 2021-2026. Las instituciones guatemaltecas se resistieron y designaron magistrados independientes.

Aifán y los otros jueces corruptos puestos por la Embajada ahora son vulnerables. Están pendientes numerosas denuncias penales en su contra, y ellos no pueden esperar que la nueva CC cubra sus crímenes.

Lo mismo aplica para el fiscal corrupto de la FECI puesto por la Embajada, Juan Francisco Sandoval. Él usurpó la función del Procurador General de la Nación en el caso Odebrecht, y el procurador general de la nación presentó una denuncia en su contra. El Departamento de Estado creó un premio en febrero para Sandoval y repetidamente lo ha elogiado en sus declaraciones.

El Departamento de Estado ya no tiene formas de imponer su agenda criminal dentro del Estado de Guatemala, así que tiene que abrir el camino por sí mismo. Esto explica las sanciones del 1 de julio: un intento para intimidar a los líderes guatemaltecos, con el fin de que accedan a sus demandas.

Mendez-Ruiz es el presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Él y sus colegas han presentado al menos noventa casos en los tribunales durante los últimos diez años, muchos en contra de jueces y fiscales corruptos puestos por la Embajada. Galindo y Raúl Falla, también sancionado el 1 de julio, son abogados de la fundación.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de la ONU de 1990 especifica que “Los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. En un informe de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas se refiere a Galindo como “abogado defensor de exoficiales del ejército acusados de crímenes de lesa humanidad”. Parece que la ONU quiere protección para abogados que representan a sus clientes aprobados y no otros. Esto sucede pese al principio universal de que todos merecen defensa.

El Departamento de Estado aplica el mismo doble estándar a individuos y organizaciones, como la Fundación contra el Terrorismo, por ejercer sus derechos constitucionales. El Departamento de Estado persigue a cualquiera que se oponga efectivamente a este, como lo está haciendo con Galindo, Falla y Mendez-Ruiz.

El juez Mynor Moto desestimó un caso de la Cicig, en parte porque encontró que la Cicig y Sandoval habían coaccionado a testigos para que den falsos testimonios. Moto interpuso una denuncia con el fiscal general. Al aplicar adecuadamente la ley, el entonces magistrado de la Corte Suprema Nestor Vásquez, ahora en la CC, no permitió que los candidatos respaldados por la Embajada de EE.UU. ganen el nombramiento. El Departamento de Estado sancionó a ambos, Moto y Vásquez, el 1 de julio.

Los guatemaltecos han resistido la imposición socialista por muchos años. Durante cinco años, han experimentado los efectos devastadores de los fallos criminales de jueces y fiscales políticos. El Departamento de Estado impuso y respaldó abiertamente a esos oficiales como independientes y correctos al aplicar la ley. Los guatemaltecos están alejando al totalitarismo estadounidense y ahora deben, ante la abierta interferencia del régimen de Biden, aumentar sus esfuerzos.

Steven Hecht

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